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Me voy a referir nuevamente a experiencias de gobiernos locales en Baja California. El pasado mes de noviembre la entonces gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, públicamente señaló que la administración estatal saliente le dejaba finanzas públicas muy comprometidas. Según los datos dados a conocer, el gobierno de Jaime Bonilla Valdez en apenas dos años de su administración (recuerde que fue una gubernatura de transición producto de una reforma política en la entidad) había aumentado la deuda estatal en un 42%.
En virtud de estos datos que indican un compromiso serio en las finanzas del estado, el sentido común indicaría que el tema sería tomado con gran seriedad por la nueva administración y, por tanto, habría un manejo muy cuidadoso y puntual. Bien, pues en una muestra más de que el populismo factura y deja que otros paguen las cuentas, la gobernadora Ávila publicó un decreto mediante el cual condona multas y recargos en revalidación de tarjetas de circulación, calcomanías y placas para 2019, 2020 y 2021 para los concesionarios del transporte público en el estado.
Desde hace varios años los municipios de la entidad están a la espera de un cambio radical en el tema de movilidad (en una columna anterior me refería al SITT en Tijuana) y ante esta situación ¿qué decide hacer la gobernadora?: recurrir a una medida populista que le permite pagar facturas adquiridas durante la campaña. De modo que ella resuelve un pendiente político (se evita una grilla) pero no le entra a fondo ni resuelve el grave problema de movilidad que sufrimos en los municipios bajacalifornianos.
Hace algunas semanas, el Arq. Héctor Osuna Jaime (ex alcalde de Tijuana) impartió una conferencia en la que le escuché un concepto muy interesante acerca de la transparencia. Desde su visión, no se trata únicamente de que la autoridad nos diga con claridad cómo gasta, también debe informar cómo ingresa. Es decir, si una autoridad federal, estatal o municipal decide emitir una medida para condonar cobros que -por ley debe realizar- entonces se obliga explicar claramente los detalles de esa medida y cómo piensa cubrir el faltante presupuestal que implica una exención de cobro de impuestos. Si tomamos en cuenta este razonamiento, entonces la gobernadora Ávila Olmeda debería explicar cómo va a cubrir el monto faltante que tendrá con su decreto en favor de los transportistas. Puede usted pensar que soy un “cuentachiles”, solo piénselo así: ¿cuáles servicios públicos hubieran podido atenderse cobrando ese dinero?
Por último, quiero señalar que el populismo no solo está en “la izquierda” también en “la derecha” no hacen mal los quesos. El gobierno estatal del panista Francisco Vega de Lamadrid (2013-2019) era muy proclive a este tipo de medidas orientadas a la “economía popular”. ¿Qué tenemos como resultados? Baja California va para diez años en abandono de sus autoridades locales, que han preferido abrevar del populismo. Sin embargo, esto no es espontáneo, es propio también de una sociedad que poco se ha vuelto negligente y que poco exige a la autoridad local.
¿Cuál es el problema con el populismo? que le gusta mucho hacer caravana con sombrero ajeno y en ello usted y yo terminamos pagando los platos rotos.
